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Debat sobre immersió lingüística a El Viejo Topo (i 2)

Com a continuació del debat sobre la immersió lingüística que va iniciar Antonio Santamaría a la revista a el Viejo Topo, i al qual jo vaig respondre, ell va publicar una contrarèplica, a la qual jo vaig tornar a respondre amb un article que pretenia fixar el final de la discussió i, si més no, era la meva última contribució a la qüestió. Santamaria, tanmateix, va escriure una última contrarèplica. A continuació reprodueixo, amb el permís de la revista, la contrarèplica de Santamaria i la meva contrarèplica; el seu últim article, però, no el publicaré perquè no li correspon una resposta meva perquè, com he dit, amb el meu segon article vaig donar el tema per tancat.

Contra inmersión: por un modelo lingüístico democrático. Réplica a Hèctor Xaubet

por Antonio Santamaría

En este artículo ampliamos el debate sobre la política lingüística de la Generalitat al profundizar en la crítica del autor a la inmersión. Asimismo, plantea algunos de los elementos fundamentales para construir un modelo lingüístico democrático, respetuoso con la pluralidad cultural del país y los derechos de la ciudadanía.

Comparto la petición de principio de Hèctor Xaubet de enfocar la cuestión de la política lingüística de la Generalitat -en general– y de la inmersión lingüística –en particular– desde el “rigor analítico”, orillando en la medida de lo posible los prejuicios ideológicos.

Ateniéndonos a ello, constatamos que el autor incurre en algunas afirmaciones que no se corresponden con la realidad histórica. Así, se ensalza “el activo papel que la izquierda catalana con el PSUC en la cabeza, partido de matriz comunista y en ningún caso nacionalista, jugó en favor de la inmersión lingüística y, por extensión, la normalización del catalán”. Una afirmación inexacta. Ciertamente, la izquierda catalana se opuso al proyecto original de CiU de crear una doble línea escolar en función de la lengua materna de los alumnos con el argumento de impedir la consolidación de dos comunidades lingüísticas. De hecho, la Ley de Normalización Lingüística (LNL) de 1983 fue, en expresión de Eduard Voltasi, un “producto intelectual de la izquierda catalana” que permitía a los padres elegir la lengua vehicular en la enseñanza primaria, siempre que un número determinado de éstos del mismo centro lo solicitase.

Ahora bien, la inmersión lingüística estuvo impulsada por Joaquim Arenas, director de la Delegació d’Ensenyament Català (DEC) de Òmnium Cultural, que en 1983 fue nombrado jefe del Servei d’Ensenyament del Catalá (SEDEC) de la Generalitat de Catalunya. Así, pues, si la LNL fue concebida por la izquierda catalana, no puede decirse lo mismo de la inmersión. En realidad, en esta cuestión la izquierda catalana fue a remolque de la iniciativa de la derecha nacionalista catalana. Una legislación aprobada mediante decretos (marzo-abril de 1992), aplicada con notable autoritarismo y sectarismo, sin consultar a los padres, ni a los claustros docentes y con la presión directa de los inspectores del SEDEC para doblegar las resistencias de los centros escolares remisos a su aplicación.

De hecho, por las mismas fechas en que se promulgaron los decretos de inmersión, se publicó una encuesta del Departament d’Ensenyament que catalogaba como “extranjeros” a los alumnos procedentes del resto de España y que acabó siendo retirada ante el gran escándalo generado. En otro orden de cosas, la aplicación de la inmersión lingüística desencadenó una agria polémica con una amplia resonancia en los medios de comunicación, nacionales e internacionales. Así, The Internacional Herald Tribune tituló: “Los catalanes inician una guerra lingüística en las escuelas. No más español”.

Por tanto, la versión idílica del autor al presentar la inmersión como un resultado de la labor de la izquierda catalana para “construir un proyecto abierto e inclusivo” se corresponde más bien con sus ilusiones ideológicas que se contradicen con la cruda realidad. Especialmente, si tenemos en cuenta que la lengua es el principal factor de conformación de las identidades nacionales.

Lengua e ideología

Xaubet realiza grandes esfuerzos para desvincular la política lingüista de la Generalitat y la inmersión con los postulados ideológicos y objetivos políticos de los partidos nacionalistas/independentistas. Un esfuerzo tan inútil como los trabajos de Sísifo, pues no se avienen con la práctica totalidad de las tesis de los tratadistas que han estudiado los nacionalismos como E. Hosbawm, A. Smith, E. Gellner o J. Breuilly. Todos ellos han señalado la importancia de la homogenización y la asimilación lingüística como un elemento fundamental de los movimientos nacionalistas.

Por otro lado, el riguroso trabajo, Evolución y legados de la aventura secesionista en Cataluña, firmado por Josep Mª Oller, Albert Sotorra y Adolf Tobeña, elaborado a partir de cruzar las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) entre 2006 y 2019, revelaron cómo las familias de lengua vehicular catalana eran predominantemente favorables a la secesión, mientras que aquellas de lengua castellana se mostraban contrarias a la independencia de Catalunyaii. Un estudio que demuestra la estrecha correlación existente entre la lengua y las opciones políticas de los encuestados.

Las evidencias son tan abrumadoras que el propio Xaubet acaba reconociéndolo, pero realizando una notable contorsión (ideo)lógica para desvincular política lingüística y nacionalismo, que llega a calificar de “trampa del procesismo”. De este modo sostiene que “cualquier proceso histórico de construcción burguesa de un estado-nación ha sido un proceso de imposición de un patrón centralista como modelo de la nación toda, lo que incluye notablemente a la lengua. Evidentemente, eso ha pasado también en España y con el castellano con respecto al catalán –y las otras lenguas peninsulares– y no en relación inversa”.

Aquí Xaubet incurre no solo en una palmaria negación de la realidad, sino en una notable contradicción lógica. El movimiento nacionalista catalán, que aspira a la construcción de un Estado-nación, sería el único caso en el mundo donde éste no se plantea la homogenización lingüística, cuando toda su política lingüística se orienta en este sentido. Ello, además, cuando los líderes del movimiento nacionalista/independentista no han ocultado que éste es su objetivo; es decir, que el catalán sea el único idioma de uso público, relegando al castellano al uso privado de sus hablantes.

Por otro lado, la historia está llena de ejemplos de cómo antiguas naciones oprimidas se convirtieron en opresoras cuando dispusieron de los medios para ello. Polonia, repartida y ocupada por alemanes, austríacos y rusos, sufrió agresivas políticas de germanización y rusificación de carácter asimilacionista; sin embargo, prohibió la enseñanza en lituano, bielorruso y ucraniano al acceder a la independencia después de la Primera Guerra Mundial. Los rumanos, oprimidos por Hungría en Transilvania bajo dominación del Imperio Austro-Húngaro, ejercieron ese mismo papel al incorporar al Estado rumano a la minoría húngara transilvana tras la Gran Guerra. Más recientemente, se observó ese mismo comportamiento en los países bálticos con sus minorías rusas tras la implosión de la Unión Soviética.

Cuestiones de sociolingüística

La realidad sociolingüística de Catalunya presenta numerosas singularidades de cuyo análisis debería desprenderse un modelo democrático, respetuoso con la pluralidad cultural del país y con los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

En Catalunya están en contacto dos idiomas neolatinos. Uno de ellos, el castellano, hablado por centenares de millones de personas en dos continentes y otro, el catalán, utilizado por unos pocos millones de individuos en una reducida área geográfica. Además, el catalán, fue objeto de persecución durante gran parte de los siglos XIX y XX en el intento del Estado español por construir un Estado-nación homogéneo culturalmente. Por ello, la lengua catalana debe gozar de una especial protección por parte de las autoridades españolas, catalanas y europeas. Desde esta perspectiva, el catalán es la lengua débil y el castellano la fuerte que no precisa de medidas de protección especial.

Desde el punto de vista de la composición social, el castellano es la lengua vehicular de una minoría de la alta burguesía, especialmente en Barcelona, que se castellanizó en el siglo XIX, aunque el grueso de sus hablantes radica, sobre todo, en la clase obrera procedente de la emigración del sur de España en las décadas centrales del siglo XX. Por el contrario, el catalán suele ser la lengua vehicular de gran parte de la burguesía y las clases medias. En este sentido, el catalán es la lengua fuerte y el castellano la débil.

Desde la perspectiva de la distribución territorial, el uso del castellano se concentra en las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona, aunque no debe olvidarse que prácticamente no existe ninguna localidad de la Catalunya interior donde no haya núcleos de población de lengua castellana procedente de la emigración.

Por el número de hablantes, según los datos de la minuciosa Encuesta de Usos Lingüísticos de la Direcció de Política Lingüística de la Generalitat del 2019, el catalán es la lengua inicial o materna del 31,5 % de la población (dos millones de personas) y el castellano del 52,7 % (3,4 millones). En ambos idiomas, respecto al 2003, ha bajado el porcentaje de la población que la tiene como lengua materna; el castellano ha descendido del 56,1 % al 52,7 % y el catalán del 36,2 % al 31,5%. Un 2,8 % dicen emplear las dos lenguas indistintamente y un 10,8% otros idiomas. Sobre la denominada “lengua de identificación”; es decir, aquella que los hablantes consideran como suya, un 46,6% se pronuncian por el castellano y un 36,3% por el catalán. Estas cifras indican que un 6,1 % de la población se identifica con la lengua catalana, a pesar de que su lengua materna sea la castellana.

Respecto a los usos lingüísticos, según esta misma encuesta, el 94% entiende el catalán, el 81% sabe hablarlo, el 85,5% leerlo y el 65,3 % escribirlo. Además, un 76,4% dice usar la lengua catalana, lo cual supone un ligero incremento del 1,8% respecto al 2013; aunque de éstos un 24,9% reconoce emplearla de modo muy escaso y un 15,5 % “medianamente” (frente a un 93,2% que utiliza el castellano). Otro dato que considerar es el relativo a la frecuencia con la que se inicia la conversación en catalán, que ha subido del 67,9 % del 2013 al 70,6% en el 2019. Las personas que nunca comienzan la conversación en catalán han bajado del 29,6 % al 26,9 % en el 2019.

Todos estos datos corresponden a la media. Territorialmente estos porcentajes descienden en la Vall d’Aran, donde también se utiliza el aranés, y en el Área Metropolitana de Barcelona. Teniendo en cuenta que la media catalana de quienes dicen saber hablar catalán es del 81,2%, en la primera región el porcentaje desciende al 77,1% y en la segunda hasta el 78,4%.

Otro dato interesante es el relativo a las preferencias de la juventud. Según esta encuesta, frente a las opciones monolingües en una u otra lengua, prefieren las compartidas en castellano y catalán, pero también en otros idiomas. Un 45,8 % de los encuestados afirma entender el inglés y un 37,5 % hablarlo.

Un dato favorable a la extensión del uso de la lengua catalana radica en la denominada “transmisión generacional”. En torno al 55% de los encuestados dice hablar solo en castellano a sus abuelos y el 28% en catalán; un 50 % lo hace solo en castellano con sus padres y un 30 % en catalán. Sin embargo, con los hijos, un 36,6% utiliza únicamente el castellano y un 35,4% solo el catalán, dándose un 28% de otras combinaciones lingüísticas.

Esquemáticamente, éstos son los mimbres con los que debemos construir el mencionado modelo lingüístico democrático.

Los principios de la UNESCO

A nuestro juicio, la inmersión no resulta en absoluto respetuosa ni con la pluralidad lingüística del país, ni con los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Se trata de un sistema educativo monolingüe que solo utiliza como idioma vehicular uno de los dos que emplea mayoritariamente la población del país y que responde a los postulados ideológicos asimilacionistas del nacionalismo/independentismo hegemónico en Catalunya.

Como punto de partida deberían aceptarse los criterios de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)iii que “entiende por enseñanza en la lengua materna el empleo de la lengua materna de los educandos” (UNESCO, 2003: 14). Esta organización propugna que “para que los niños puedan adquirir unas bases sólidas de lectura, escritura y aritmética, las escuelas deben impartir la enseñanza en una lengua que los niños entiendan. Los sistemas educativos bilingües (o multilingües) basados en la lengua materna, en los cuales se enseña la lengua materna del niño con la introducción de un segundo idioma, pueden mejorar los resultados en el segundo idioma, así como en otras asignaturas” (UNESCO, 2016:3).

Según el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO (Informe GEM) del 2016, en los países que han invertido en programas bilingües se observan mejoras en los resultados del aprendizaje. En opinión de Aaron Benavot, director del Informe GEM de la UNESCO, la lengua puede ser una espada de doble filo: “si bien refuerza los lazos sociales y el sentido de pertenencia a un grupo étnico, también puede convertirse en un factor de marginación. La política educativa debe velar por que todos los educandos, incluidos los hablantes de lenguas minoritarias, accedan a la educación en un idioma que conozcan”. Por su parte, Jorge Sequeira, director de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO), manifestó: “Enseñar en una lengua diferente de la materna afecta negativamente en el aprendizaje. Añade una dificultad en entornos donde ya existe pobreza, marginación, analfabetismo de los padres o desconocimiento de ellos de la lengua predominante.”

Resulta evidente que la inmersión lingüística vulnera estos principios de la UNESCO, particularmente si tenemos en cuenta que ésta se aplica mayoritariamente a un sector del alumnado procedente de familias con bajo nivel de renta y escaso nivel cultural. Ciertamente, el sistema educativo debe proporcionar las herramientas para que los alumnos de lengua materna castellana aprendan y sepan desenvolverse en catalán. No obstante, la falacia de los defensores de la inmersión, entre los que se encuentra Xaubet, radica en sostener que la inmersión es el único método para aprenderlo. De hecho, los únicos lugares del mundo donde se practica la inmersión obligatoria a la catalana son Groenlandia y las islas Feroe.

El modelo finlandés

Examinemos el modelo lingüístico de Finlandia, en la medida que puede servir de referente para hallar una solución democrática al pleito de las lenguas en España. En Finlandia, con una población de cinco millones de habitantes, existe una minoría de lengua sueca de alrededor del 5,7% de la población del país concentrada en las cuatro provincias de la costa occidental y meridional del país.

La Constitución finlandesa establece que el suomi (finés) y el sueco son los idiomas oficiales y nacionales del país, de familias lingüísticas tan alejadas como el castellano del euskera. En este país rige el denominado “principio de autodeterminación lingüística”, según el cual cada ciudadano debe registrarse como suecófono o finesófono. En virtud de este principio solo los distritos administrativos, incluso el Estado, pueden ser bilingües, pero no los ciudadanos quienes, no obstante, tienen la obligación de definirse.

Los municipios del país deben establecer si son monolingües o bilingües. Se consideran bilingües a aquellos donde al menos el 8% de la población tiene como idioma materno el suomi o el sueco, o que esta población alcance a 3.000 habitantes. En los municipios bilingües existe la obligación que todos los documentos y comunicaciones oficiales se realicen en ambas lenguas. En las ciudades de estatus monolingüe solo existe el derecho individual del ciudadano a ser atendido en su idioma. Si trasladásemos estos principios a Catalunya, prácticamente todos sus municipios deberían publicar sus documentos y emitir sus comunicaciones en castellano y catalán, cosa que no sucede en la actualidad. En municipios de regiones monolingües como Castilla o Andalucía, el distrito administrativo del cual dependen tendría que disponer de al menos una persona capaz de atender en catalán, euskera o gallego.

Los municipios bilingües deben disponer de escuelas públicas en ambos idiomas. En la práctica los padres, que previamente se han inscrito en el registro lingüístico, eligen el idioma en que quieren escolarizar a sus hijos. Un alumno suecófono inicia la enseñanza primaria en lengua sueca y progresivamente se le introducen asignaturas en finés de manera que, al acabar la enseñanza obligatoria, sepa desenvolverse en ese idioma. No obstante, todos los alumnos del país estudian como segundo idioma el sueco o el finlandés. Si trasladásemos este sistema a España un alumno de Aragón a Extremadura debería estudiar el catalán, gallego o euskera como segunda lengua y una familia de Albacete que se trasladase a Catalunya tendría el derecho a escolarizar a sus hijos en castellano si residiese en un municipio con al menos el 8% de la población de lengua castellana. Por otro lado, en las universidades de Finlandia se disponen de cuotas mínimas en lengua sueca.

La sección 14 de la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos finlandeses, de lengua sueca o finesa, a utilizar su propio idioma en los tribunales y ante las autoridades. Estos derechos están garantizados en pie de igualdad para los ciudadanos de ambos grupos lingüísticos. Estas disposiciones constitucionales están basadas en el principio de igualdad y en el de personalidad, no en el de mayoría. De este modo una persona de lengua finesa residente en un municipio de mayoría sueca estaría protegida por la misma legislación que protege a su homónimo suecófono que vive en un municipio de lengua mayoritariamente finesa.

Este sistema ha sido criticado por su gran coste económico y el enorme esfuerzo administrativo que comporta; el cual aún sería superior en España, pues, en el caso de adaptarse, se aplicaría no a dos, sino a cuatro lenguas. No obstante, esta política lingüística ha conseguido la desaparición de las fuertes tensiones nacionalistas existentes cuando se proclamó la independencia de Finlandia del Imperio ruso (1919) y los territorios de lengua sueca reclamaron la independencia. Ahora, por el contrario, entre la población de lengua sueca existe un intenso sentimiento de pertenencia a la nación finesa.

Ciertamente, no pueden trasladarse mecánicamente unos modelos lingüísticos que se corresponden a realidades sociales y políticas bien diferentes. Ahora bien, pensamos que la experiencia finlandesa ofrece algunos elementos valiosos que pueden servir para la construcción del modelo lingüístico democrático que necesita nuestro país.

Contra la inmersión

La política lingüística de la Generalitat y la inmersión lingüística en particular responden a las exigencias ideológicas del movimiento nacionalista/independentista catalán, cuyo objetivo confeso es la homogenización cultural de la población como fundamento de la construcción de un Estado-nación independiente. De hecho, Xaubet resulta un buen ejemplo de esa izquierda abducida por el nacionalismo lingüístico, tanto por su argumentación en defensa de la inmersión como por su terminología al emplear conceptos como “normalización”, “lengua minorizada” o “lengua propia” que solo tienen un significado en el marco mental del nacionalismo.

Así, rechaza el principio de elección de los padres, calificado de “argumento típicamente liberal”, cuando no se trata de eso, sino del derecho de los alumnos a recibir la primera enseñanza en su lengua materna siguiendo, como hemos indicado, los principios de la UNESCO. Esto le conduce a afirmar que “la inmersión lingüística y la normalización del catalán son la forma de oponerse a la diferenciación de identidades y la segregación de comunidades”, cuando justamente persiguen el efecto contrario, al tratarse de un modelo asimilacionista que pretende la eliminación de una de las identidades del país. Según su razonamiento, la minoría sueca en Finlandia debería renunciar a la enseñanza en su lengua materna y ser educada mediante la inmersión en finlandés, lo cual provocaría el efecto contrario de alimentar las tensiones nacionalistas.

Finalmente, el autor me imputa –sin ningún fundamento– alinearme con las “tesis de la derecha españolista”, cuando en mi primer artículo sobre el tema denunciaba el carácter espurio de las críticas de la derecha españolista a la inmersión enunciadas desde otro nacionalismo. Se trata de uno de los típicos y poco originales recursos, que el autor comparte con los nacionalistas catalanes, para descalificar a quienes desde la izquierda rechazamos la política lingüística de la Generalitat y la inmersión.

Esta falaz acusación recuerda la polémica entre Jean-Paul Sartre y Albert Camus al conocerse, a finales de la década de 1940, la existencia de campos de concentración para disidentes en la Unión Soviética. En opinión de Sartre no se debía denunciar el Gulag, pues era hacerle el juego a la derecha que lo estaba utilizando profusamente en clave anticomunista. Por el contrario, Camus consideraba inaceptable la existencia del Gulag y un deber de las izquierdas denunciarlo. En un momento del debate, Camus afirmó: “Si la verdad es de derechas, yo soy de derechas”.

Hasta que el problema de las lenguas en España no se desvincule de planteamientos identitarios esta cuestión continuará generando un clima de confrontación y división que siempre beneficiará a las formaciones nacionalistas de uno u otro signo en perjuicio de las izquierdas. A nuestro juicio, un modelo lingüístico democrático debe basarse en los derechos de la ciudadanía y en el respeto a la pluralidad cultural, combatiendo los proyectos homogeneizadores y asimilacionistas de uno u otro signo. Un combate donde, lamentablemente, en demasiadas ocasiones brilla por su ausencia la izquierda catalana.

i Voltas, Eduard, La guerra de la llengua. Ed. Empúries, Barcelona, 1996.

ii Oller, J.M, Satorra, A., Tobeña, A. (2019). “Pathways and legacies of the secessionist push in Catalonia: Linguistic frontiers, economic segments and media roles within a divided society”. Policy Network Paper. 14 Octubre 2019. Una versión traducida del informe puede encontrarse en el siguiente enlace: https://conversesacatalunya.cat/es/exlusiva-inedito-estudio-sobre-las-caracteristicas-del-independentismo/

iii Los informes de la UNESCO son La educación en un mundo plurilingüe: documento de orientación (2003) y Si no entiendes, ¿cómo puedes aprender? Informe de seguimiento de la educación en el mundo: documento de política 24 (2016). Disponibles en: https://learningportal.iiep.unesco.org/es/glossary/enseñanza-en-la-lengua-materna


El catalán como patrimonio colectivo: por un modelo lingüístico democrático

por Hèctor Xaubet

Esta contrarréplica a Antonio Santamaría es la última contribución de Hèctor Xaubet al debate sobre la inmersión y el modelo lingüístico en Cataluña. El autor, que critica los sesgos que observa en la postura de su interlocutor, aspira a precisar algunos elementos que ayuden a concebir el plurilingüismo.

Lengua, política e ideología

La observación de Santamaría sobre el papel que desempeña la lengua en la conformación de identidades me parece correcta, y no es algo que haya negado. Pero el argumento del autor a este respecto nos permite observar un error crucial de fondo que ya resalté en mi primer artículo: la incesante insistencia a seguir vinculando erróneamente independentismo y “nacionalismo”, término que usa constantemente para englobarlo todo y bajo el cual también incluye toda expresión de defensa de la lengua catalana. Así, a sus ojos, una defensa activa del catalán se interpreta como una imposición de la lengua e, inversamente, esta “imposición” es una ofensa contra los castellanohablantes; pero, en cambio, este mismo criterio no se aplica si nos referimos a la pretensión de que todos los catalanes y catalanohablantes hablen castellano. Lo que transluce en el fondo es un nacionalismo lingüístico interiorizado por el cual las dos lenguas no tienen la misma consideración.

Pero hay más: esta focalización tendenciosa solo en el catalán y en las élites catalanas lleva, apoyándose en los autores que menciona, a calificar de pérfido proyecto nacionalista homogeneizador la política lingüística de la Generalitat, y a dar a entender que yo estoy jugando en su bando. Pero, de nuevo, nuestro autor no observa la contraparte ni el efecto inverso de su razonamiento: las élites españolas son castellanohablantes, y el español se impone, por medio de la educación, en toda España; por lo que la defensa del castellano en la educación –como Santamaría propone– no sería sino una expresión de ese proyecto nacionalista castizo; ergo una defensa de la monarquía corrupta. No deja de parecerme curioso que este hilo de razonamiento lo podrían suscribir perfectamente los independentistas identitaristas, porque no se puede negar el nacionalismo romántico impregnado en el independentismo catalán por vía del identitarismo.

Aquello que se expresa en el párrafo anterior es, efectivamente, una exageración, Pero hemos llegado a ella como resultado de una derivada lógica del razonamiento de Santamaría. El autor sigue, parece claro, una línea de razonamiento interesada: si bien una ideología nacionalista puede existir realmente en todos lados, aferrarse de forma absoluta al término “nacionalista” otorga al “nacionalismo catalán” la misma consistencia que la que pudiera tener un proceso acabado de construcción del estado-nación burgués, y esto es una falaz articulación de la crítica al nacionalismo. Ignora completamente que el único estado que existe ahora mismo –soberano, fruto de un proyecto nacionalista que sigue operando y con capacidad homogeneizadora (y cuyas élites, por cierto, no son catalanohablantes)– es el Reino de España. Pero si le atribuimos esas características al “nacionalismo catalán” o incluso al catalanismo, estaríamos dando por supuesto algo que todavía no existe y estaríamos fantaseando de tal forma que llegaríamos a actuar de manera no correspondiente con la realidad. En este sentido, pareciera, según nuestro interlocutor, que el proyecto de ruptura “nacionalista” catalán tiene consistencia, carácter y posibilidad de éxito solo por el mero hecho de que las élites del país hablan una determinada lengua1.

Paralelamente, también es sesgado atribuirle carácter identitarista y asimilacionista solo a un movimiento independentista que resultaría ser el culpable de la politización de la lengua. De hecho, la insistencia de Santamaría en equiparar nacionalismo, independentismo y lengua comporta trasladar la atribución identitaria y asimilacionista a la lengua, cuando, por el contrario, ese carácter le corresponde a determinados movimientos políticos en lugar de a la lengua en cuanto a tal. Pero debiéramos recordar que los primeros que utilizaron planteamientos identitaristas –o sea, que hablaron de la imposición del catalán, que argüían que los “catalanes” (por independentistas) coartaban a los “españoles” (por castellanohablantes) y que diferenciaban, en definitiva, a los ciudadanos de Cataluña– fue el horrendo partido C’s2. Este marco mental, desgraciadamente, parece haberse impuesto. Y es aquí donde Santamaría se aproxima a la derecha nacionalista española, habiendo comprado su argumento. Evidentemente, este marco ha impregnado todo el contexto procesista –especialmente desde que se empezó a polarizar la sociedad catalana– y, por eso, también hay representantes de un identitarismo catalanista excluyente que entra en la misma lógica que C’s incorporó en el panorama político.

Sociolingüística y política

Santamaría presenta una extensa e interesante exposición de datos, pero no por ello completamente pertinente en la medida que, en su pretensión ilustrativa, falla en significar los datos, así como en resaltar comparativamente su evolución. De modo que no resulta claro qué es lo que pretende. Si de lo que se trata es de proteger3 el catalán porque es una lengua débil, entonces esos datos no apoyan su argumento, sino lo contrario: lo que vemos y sabemos es que, efectivamente, el castellano es la lengua mayoritaria, de uso habitual más frecuente y dominante, tanto en los distintos espacios sociales como en lo que respecta al conocimiento que tienen los ciudadanos de Cataluña. Más aún, esta relación se ha agudizo en los últimos tiempos, pues el uso habitual del catalán ha disminuido notablemente en los últimos 15 años (y no de forma progresiva, sino abrupta) y, consecuentemente, el del castellano ha aumentado. Es especialmente singular el área de Barcelona, donde solo un 25% de los jóvenes usan el catalán de forma habitual. Destaco este grupo demográfico, especialmente en la zona más densa de población, porque justamente de los jóvenes depende el mantenimiento y transmisión de una lengua, dos de los criterios que la UNESCO cita para analizar la vitalidad de una lengua. Antes era un tercio de los jóvenes.

Otro dato importante es el conocimiento de la lengua, como mínimo la capacidad de entenderla. Se trata de un indicador que nos permite considerar en qué medida está extendido no ya su conocimiento, sino también –indirectamente– su uso e –incluso– la “importancia” que se da a la lengua. En este sentido, casi la absoluta totalidad de la población catalana puede entender el castellano; pero, respecto del entendimiento del catalán, si bien el porcentaje también es muy elevado (más del 94%), conviene resaltar tanto las diferencias territoriales (en l’Hospitalet de Llobregat baja del 90%), como el hecho de que su desconocimiento implica la existencia de bolsas de población castellanohablante que no tienen –aparentemente– la necesidad social de aprender catalán, algo que afecta la inclusión social y que lleva a la población catalanohablante a comunicarse en castellano con quienes desconocen el catalán. Esta situación forma parte de un proceso de sustitución lingüística que tenderá a consumarse a medio-largo plazo.

Como decía más arriba, la diferencia entre una y otra lengua no era tan marcada una década atrás, ni en términos generales ni en estos dos casos específicos que menciono. No hace falta seguir repasando todos los datos para darnos cuenta que hay algo en el razonamiento del autor que no encaja: el proceso de expansión del castellano y retroceso del catalán se ha producido a pesar de la inmersión lingüística, a pesar de la retórica de la imposición y también a pesar de la distinción que hace el autor de lengua débil o fuerte según si la hablan las élites o no, una distinción que me parece mero relativismo que, por supuesto, no cambia los hechos: el catalán se encuentra en retroceso. Además, que una lengua sea hablada por unas u otras élites no es un criterio que se utilice para entender la dinámica sociolingüística general y la relación entre lenguas.

Esto no niega la tendencia de una comunidad lingüística hacia una u otra opción política. La relación entre lengua y posición política me parece muy relevante y pertinente. Tal y como constatamos hoy en día, son catalanohablantes buena parte de quienes son favorables a la independencia. No es algo que haya negado, pero sí niego, en cambio, que la posición política sea inherente e inequívocamente explicable por la lengua. Antes he mencionado –y en mi primer artículo también lo hice– la importancia del contexto político y, sobre todo, el papel que ha jugado C’s al polarizar y facilitar que el procés girara en estos términos. En efecto, al inicio del movimiento independentista, esta clara asociación entre lengua y preferencia territorial no era tan absoluta. En datos generales, recuerdo que el porcentaje de la población catalana favorable a la independencia alcanzó el 50%, y ahora mismo se sitúa en el 42%, pero solo el 36,3% de los catalanes tiene el catalán como lengua de identificación. Es más, el porcentaje de población que se identifica con el catalán ha disminuido en los últimos 15 años, pero, en cambio, la posición favorable a la independencia ha aumentado. Esto significa que no hay una relación tan clara como Santamaría nos pretende hacer ver, sino que parece que peca de esencialismo al atribuirle a la lengua –y hacerlo por defecto– una identidad, considerarla inamovible y asociarla a una posición política4, algo que ya critiqué en mi primer artículo.

Plurilingüismo y sesgo ideológico y argumentativo

Como argumento de autoridad, Santamaría recurre a los principios de la UNESCO. Ahora bien, las recomendaciones de la UNESCO para la enseñanza de lengua materna fueron escritas para las lenguas indígenas de los estados coloniales. Al mismo tiempo parece no entender que objeto de defensa prioritario en los términos de la pluralidad son las comunidades o lenguas que están en situación débil en su propio espacio de expresión cultural o lingüística dentro del marco de un estado. Lógicamente, el estado es el español y la lengua mayoritaria tanto en España como en Cataluña –como el mismo autor ha expuesto con datos estadísticos– es la castellana. Por consiguiente, si de algo han de servir los principios de la UNESCO es para reafirmar la inmersión lingüística. En este sentido es que podemos hablar de “lengua propia”, expresión que no es una invención nacionalista mía, sino que se encuentra en la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. No cabe olvidar, por otro lado, que el modelo de inmersión ha sido elogiado más de una vez por instancias europeas5.

Pero lo que a mí me llama especialmente la atención es la curiosa semejanza entre esta referencia a unos principios pensados para un contexto colonial y la apelación de los independentistas al derecho de autodeterminación de las naciones oprimidas, también inicialmente pensado para naciones colonizadas. Un servidor intenta mantenerse alejado de esta lógica de razonamiento en la que las partes utilizan argumentos opuestos, pero al mismo tiempo paralelos. Bien se podría decir que son dos caras de la misma moneda. Se trata de una translación de la polarización a la argumentación, una lógica perversa y negativa que nos dificulta ver el camino para construir una sociedad democrática libre en la que se respeten las lenguas y sus hablantes, y se entiendan sus situaciones.

Por otro lado, yo no podría proponer, a modo de alternativa al actual, un modelo lingüístico a seguir. Seguramente se pueden aprender cosas del modelo finlandés, pero, aun así, me llama la atención que el autor lo presente como modelo. Primero, porque debemos tener presente, tal y como ya he dicho, que la protección y evaluación de las comunidades lingüísticas se hace dentro del marco del estado, no a partir del argumento ideológico según el cual las élites políticas de un territorio determinado tienen un proyecto político malvado que no se comparte. Segundo, porque sigue habiendo una diferenciación lingüística (la minoría sueca de Finlandia habla el finés, pero la mayoría finlandesa no entiende el sueco, algo que podemos trasladar a Cataluña). Y, tercero, teniendo en cuenta el punto anterior y si de lo que se trata es de la pluralidad y el multilingüismo efectivo de la población, entonces habría sido más lógico mencionar el modelo luxemburgués, que es paradigma de multilingüismo dentro de Europa. Quizá, simplemente, este último modelo no es conforme a las coordenadas identitarias que marcan inadvertidamente el discurso de Santamaría, pues no hace la primera escolarización en lengua materna.

Lengua y proyecto político

Resulta, según Santamaría, que Cataluña está dividida por dos comunidades identitarias (y por extensión, añado yo, sociales). Eso es posible, es verdad, pero en todo caso la pregunta sería ¿de qué tipo?, ¿son nacionales?, ¿se pueden cambiar?, ¿pueden convivir? Pero también resulta, como explícitamente dice, que las identidades otorgadas por la lengua materna son fijas e inamovibles y, normativamente, así debe ser, a fin de que todos los niños incorporen la identidad que se les presupone. Según su razonamiento maniqueo y simplificador, y a pesar de que diga promover la pluralidad lingüística y que “el problema de las lenguas de España [se debe desvincular] de planteamientos identitarios”, su argumento se incrusta en un esencialismo identitarista básico que categoriza a los ciudadanos de forma adscriptiva según esa identidad transmitida por la lengua.

Entonces, ¿cómo podemos construir una comunidad sociopolítica de iguales en estas condiciones? Primeramente, se debe tener en cuenta que, efectivamente, la lengua puede tener un carácter político y, de hecho, puede y debe ser un instrumento articulador de una comunidad sociopolítica de iguales. Aquí es donde puede ser conveniente recurrir al espíritu del catalanismo. No negaré que esto es problemático y complejo, pero no puedo entender que ese proyecto (y no otros) o recurso –me refiero al catalanismo por vía del catalán– se tache automáticamente de malvado asimilacionismo homogeneizador dentro de un armazón lógico que acríticamente dota de igual carácter lengua, independencia y nacionalismo.

Puede existir, y no tiene por qué ser malo, una doble identidad –no excluyente– en la sociedad catalana, pero no se debe promover la división identitaria y social de la misma comunidad sociopolítica. Eso implica, por supuesto, entender que Cataluña es una realidad nacional y que se trata de construir una comunidad común, o sea, conferir una consciencia de identidad no anclada de forma inamovible en la lengua según comunidades diferenciadas, como Santamaría sugiere. En cambio, el catalán es patrimonio colectivo de esa sociedad mestiza en la que todos, independientemente de la lengua materna, forman parte; es decir, se trata de un sustrato colectivo al cual se adhieren estratos, sobre lo cual cada uno construye su identidad sin entrar en una división. En cualquier caso, esto también implica entender que se debe construir un marco español favorable y consolidador de la plurinacionalidad, de forma que fortalezca al Estado español inclusivo con las diferencias que lo integran.

Muy por el contrario, insistir en el carácter identitario de cada comunidad lingüística no hace sino agudizar la desvinculación de ciertos sectores de la población con respecto a la misma sociedad en la cual están inmersos, de tal forma que se acaba promoviendo una dualidad social. En este sentido, la línea argumentativa de Santamaría es preocupante y es una flagrante contradicción con las buenas proclamas que el mismo autor hace en el texto. Al fin y al cabo, Santamaría está incurriendo en un discurso segregador que distingue a la población y, al contrario de lo que pretende, se justifica precisamente en la identidad. Según las reglas de la dialéctica, esta apología de la segregación social no hará sino llevar a, o entrar en el círculo vicioso de, una respuesta inversa correspondiente: que no se extrañe Santamaría que después vengan los apologetas y fanáticos de la catalanidad y hablen de colonos en Cataluña, pues ellos se aferran a la misma lógica que está planteando nuestro autor, o sea, que hay catalanes que en realidad no son catalanes, sino castellanos, porque tienen esta identidad por la lengua que hablan en casa. ¡Esta visión tampoco está muy lejos del nacionalismo! ¡Qué estrechez de miras al criticar el identitarismo excluyente sin fijarse desde dónde se habla! Ay… bien podríamos decir que nos encontramos ante una abducción del pensamiento que lleva los retazos de una profecía autocumplida y que, por supuesto, rechaza el famoso lema del PSUC “Catalunya, un sol poble”.

1 “[L]as élites económicas y sociales de Cataluña […] no son para nada independentistas, como tampoco lo es, dicho sea de paso, el grueso de las clases trabajadoras urbanas catalanas. [Por eso] yo no creo en las perspectivas de éxito de este movimiento independentista catalán: sería la primera vez en la historia que triunfa un movimiento rupturista protagonizado y dirigido por clases medias”. Antoni Domènech, entrevista en CTXT el 18/9/2017. Recuperado de: https://ctxt.es/es/20170913/Politica/15023/Antoni-Domenech-entrevista-catalu%C3%B1a-ctxt.htm

2 Curiosamente C’s también fue la primera formación política que sacó a colación los principios de la UNESCO para atacar la normalización del catalán y, con ello, fundamentar una división social de la misma sociedad en base a criterios lingüísticos.

3 El uso de este verbo [proteger], y el planteamiento que expresa el autor, no pueden sino llevarme a pensar que se ve el catalán como una cosa exótica y externa a preservar.

4 Complementariamente, quizá también conviene mencionar que los índices de identificación con la lengua no son iguales a los índices de sentimiento de pertenencia nacional.

5 El informe de 2019 de la UE sobre el cumplimiento de la Carta europea de lenguas regionales o minoritarias, por ejemplo, veía la inmersión con buenos ojos y alertaba del peligro de arrinconar el catalán en la medida que el modelo actual favorece la “conjunción lingüística”.

Debat sobre immersió lingüística a El Viejo Topo (1)

En el número de desembre d’El Viejo Topo Antonio Santamaría va publicar “La inmersión lingüística y la izquierda abducida”, article que em va portar a escriure una rèplica per al següent número de la revista. A continuació reprodueixo ambdós articles, amb el permís dels editors, per tal de poder seguir la discussió. Es tracta, però, d’una primera part d’aquest debat entre Santamaria i jo mateix, ja que ell ha publicat encara una rèplica en el número actual de la revista.

La inmersión lingüística y la izquierda abducida

por Antonio Santamaría

La enmienda a Ley Celaá, que elimina la referencia al castellano como lengua vehicular en la enseñanza, ha reabierto la polémica sobre la inmersión lingüística en Cataluña. En no pocas ocasiones, las pretensiones homogeneizadoras del nacionalismo se ocultan tras la defensa de la diversidad lingüística.

La reforma de la LOMCE, conocida como Ley Celaá, y en particular la enmienda que elimina el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, ha vuelto a reabrir la polémica sobre la inmersión lingüística. Desde 1992, fecha de la aprobación de los decretos de inmersión, esta cuestión se replantea de modo recurrente, lo cual es un indicador de que se trata de un tema no resuelto.

En primer lugar, en la tramitación de la enmienda, se observa un hilo de continuidad de los gobiernos centrales respecto a la política lingüística en Catalunya: a cambio de un apoyo táctico se realizan concesiones estratégicas al nacionalismo catalán. Esto ya se comprobó durante el primer gobierno de José María Aznar, cuando se paralizó la recusación a cargo del Defensor del Pueblo de la Ley de Política Lingüística (1999) para no comprometer el apoyo de CiU a su precaria mayoría parlamentaria. Ahora, ERC ha aprovechado que el gobierno de coalición se encuentra necesitado de apoyos con los que aprobar los Presupuestos Generales del Estado para negociar una enmienda que ha sido correctamente interpretada como un blindaje a la inmersión lingüística.

La inmersión lingüística responde no tanto a una cuestión estrictamente pedagógica, para garantizar el conocimiento de lengua catalana entre los alumnos de idioma materno castellano, sino a un planteamiento ideológico de carácter netamente nacionalista. El objetivo implícito de esta legislación es impulsar la denominada “sustitución lingüística”; es decir, que los alumnos castellanohablantes abandonen su lengua materna por el catalán. Esto resulta del todo coherente con la lógica de la “(re)construcción nacional”, según la cual en la nación catalana solo debería existir una lengua oficial y de uso público, mientras que el castellano debería relegarse a la esfera privada.

Este fue el sentido del Manifiesto Koiné (2016), que pretendía establecer el estatus de única lengua oficial del catalán en la hipotética república independiente. De hecho, no resulta casual que las tres últimas conselleras de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, Mariàngels Villalonga y Àngels Ponsa hayan sido firmantes de dicho manifiesto. Villalonga se destacó durante su mandato por criticar que se hablara demasiado castellano en TV3 y en el Parlament de Catalunya. Ponsa se estrenó en el cargo manifestando que el castellano debía reservarse a los espacios privados y que solo el catalán debía ser de uso público.

Dogmática lingüística

En torno a la inmersión se ha generado un cuerpo doctrinal de carácter dogmático que se contradice con la realidad sociolingüística del país. De este modo, se afirma que la inmersión es un modelo de éxito, cuando las tasas de fracaso escolar en Catalunya son de las más elevadas de Europa y afectan particularmente a los alumnos procedentes de los barrios obreros de la periferia de lengua castellana.

Ciertamente, la lengua no es el único factor para explicar este fenómeno ni quizás el más importante, pues responde sobre todo a la clase social. Sin embargo, la circunstancia de no poder estudiar en su lengua materna añade una dificultad suplementaria a unos escolares que, dado el bajo nivel cultural de sus familias, ya tendrían problemas para seguir la enseñanza en castellano. Aquí se revela el carácter instrumental de las justificaciones de la política lingüística del nacionalismo catalán. Durante la dictadura franquista, cuando toda la enseñanza se impartía en castellano, se argüía –con razón– que este monolingüismo vulneraba los derechos de los niños catalanohablantes a ser enseñados en su lengua materna. Ahora este argumento se ha desechado completamente, pues si se aplicase a los escolares castellanohablantes impugnaría los presupuestos ideológicos sobre los que se fundamenta la inmersión. Todo ello en aras del imperativo de la homogenización cultural y lingüística propia de los nacionalismos identitarios.

Otro mantra de los defensores de la inmersión radica en que este método favorece la “cohesión social” al impedir la separación de los alumnos en función de su lengua vehicular. Un argumento capcioso, pues la inmersión lingüística produce el efecto contrario; es decir, genera cantidades ingentes de segregación. De este modo se expulsa de las aulas el idioma de los alumnos de lengua castellana, lo cual desde el punto de vista pedagógico es especialmente grave en los primeros años de escolarización. A esto se añade un marcado sesgo nacionalista, no tanto en el temario docente en el sentido estricto, sino en el conjunto del entorno escolar que tiende a romper con los vínculos históricos y afectivos con el resto de España.

El tercer puntal de las tesis de los defensores de la inmersión radica en la denominada “igualdad de oportunidades”. Se postula que la inmersión es el único método que garantiza el correcto aprendizaje de la lengua catalana, lo cual resulta una afirmación infundada. Existen muchas maneras de aprender un idioma y diversos modelos de enseñanza en territorios donde existen dos o más lenguas vehiculares, como ha mostrado brillantemente Mercè Vilarrubias. De hecho, la inmersión, que excluye el idioma materno de una parte importante de la población, es un caso insólito en Europa.

Ahora bien, en torno a esta cuestión conviene resaltar el carácter clasista de esta argumentación, según la cual, si un alumno de lengua castellana no conoce el catalán, la lengua de las clases dominantes en el país, sería objeto de discriminación y no podría acceder a ciertos puestos de trabajo que estarían reservados a quienes hablan el catalán.

Asimismo, se asegura que existe un amplio consenso social de apoyo a la inmersión, lo cual se contradice con el hecho que C’s, primera fuerza política del Parlament de Catalunya con 1,1 millones de votos, se muestra radicalmente contrario a la misma, cifra a la que se habría de añadir los votantes del PP y una parte importante de los electores del PSC. Colateralmente, se aduce el escaso número de familias que solicitan el 25 por ciento de las clases en castellano como dictaminó el Tribunal Constitucional. Un argumento perverso si se tienen en cuenta los grandes obstáculos y presiones a que deben enfrentarse las familias si quieren ejercer ese derecho y que temen, no sin razón, que sus hijos resulten estigmatizados.

Otro argumento capcioso, éste de naturaleza pedagógica, radica en que con la inmersión todos los alumnos acaban su formación con un nivel de conocimiento del castellano igual o incluso superior al de otras comunidades en las que toda la enseñanza se imparte en este idioma. Una aseveración insultante para la inteligencia, pues no es creíble que sea equiparable el aprendizaje de un idioma en dos situaciones tan distintas: cuando toda la enseñanza se imparte en esa lengua, y cuando solo se le dedican dos horas a la semana.

La izquierda abducida

Resulta, pues, del todo coherente que las formaciones nacionalistas/independentistas defiendan con uñas y dientes este modelo. Ahora bien, causa profundo estupor que desde la izquierda catalana y española se repitan estos mismos argumentos. Así, el profesor de secundaria y diputado catalán de los Comunes, Joan Mena, se ha especializado en la defensa a ultranza de estas tesis, lo cual le ha valido ser frecuentemente solicitado por los medios de comunicación nacionalistas para entonar el discurso de defensa de la inmersión, al que también se han sumado Jéssica Albiach, portavoz del grupo parlamentario de los Comunes y el aragonés Pablo Echenique.

Los portavoces de Podemos y los Comunes, además de repetir los argumentos arriba descritos, acusan al PP, C’s y Vox de atizar el conflicto lingüístico e identitario contra un modelo de “excelencia”. Aquí no solo vuelven a alinearse con las tesis de los nacionalistas, operando como un inestimable factor de legitimación de esta política lingüística, sino que hacen el inmenso favor a la derecha españolista de dejarle el campo libre.

Asimismo, debemos apuntar a la responsabilidad del PSC, superior a la de los Comunes, debido a su mayor peso electoral e implantación en los barrios obreros. Si esto es así es porque, durante largo tiempo, los dirigentes del PSC también se mostraron acérrimos defensores del modelo de inmersión lingüística con los argumentos arriba citados. En el último congreso del partido se aprobó una enmienda, que levantó fuertes críticas en los medios independentistas, para propugnar una flexibilización del modelo de la inmersión, sin llegar a impugnarlo. Sin embargo, desde entonces, no se ha vuelto a percibir que esta sea una cuestión relevante para la política del partido. Ahora, en la polémica de la ley Celaá, han preferido guardar un espeso y ominoso silencio, acaso sabedores del coste electoral de una defensa cerrada de este modelo a tres meses de las elecciones autonómicas. En una línea semejante, ERC planteó una flexibilización de la inmersión, en la lógica de ampliar la base social del independentismo, de la que tampoco se ha vuelto a saber nada.

En efecto, podríamos convenir con el carácter espurio de las críticas a la inmersión planteadas desde la óptica del nacionalismo español, que nunca ha asumido de buen grado la pluralidad lingüística y cultural del Estado y que no ha erradicado totalmente sus pulsiones centralistas. También podríamos estar de acuerdo con que hay una utilización partidista por parte de la derecha españolista de sus críticas a la inmersión. Ahora bien, esto no es óbice para plantear, desde la izquierda, una impugnación de fondo a un modelo lingüístico sectario, nada respetuoso con la pluralidad cultural y lingüística de Catalunya, ni tampoco con los derechos de los escolares de lengua castellana. Esta subordinación de la izquierda catalana a las tesis del nacionalismo lingüístico resulta aún más incomprensible cuando se realizan contra el sentir de sus bases sociales, mayoritariamente procedentes de los barrios obreros de lengua castellana. Una sumisión que les impide disputar la hegemonía ideológica y política al nacionalismo burgués y pequeño-burgués, lo cual resulta un factor fundamental para explicar tanto las reiteradas mayorías de los partidos nacionalistas como el crecimiento de C’s en estos medios sociales.

Ciertamente, el franquismo reprimió con dureza a las culturas y lenguas no castellanas de España. Por ello, las fuerzas democráticas y progresistas defendieron que estos idiomas tuvieran el reconocimiento de la oficialidad y de su uso en todas las instituciones y ámbitos sociales de sus respectivos territorios. Sin embargo, una cosa es defender los derechos democráticos de las nacionalidades y otra bien distinta asumir como propia la ideología nacionalista en materia lingüística. Además, por si esto fuera poco, contribuyen activamente a conferir una pátina progresista a unos objetivos homogeneizadores de naturaleza reaccionaria.

Repliegue identitario

El blindaje de la inmersión se desarrolla sobre un inquietante telón de fondo social. El fracaso de la vía unilateral para acceder a la independencia está generando una enorme frustración entre los sectores más hiperventilados del movimiento secesionista. Un malestar que no se está dirigiendo hacia sus dirigentes políticos, quienes les prometieron acceder a la independencia en 18 meses gozando de un amplio reconocimiento internacional dado el Estado fallido que resultaba ser España. Por el contrario, ese malestar parece orientarse contra la otra mitad de la población del país que no apoya su proyecto secesionista.

De este modo, en una especie de movimiento compensatorio, se está extiendo y adoptando carta de naturaleza un discurso de odio, xenofobia y supremacismo contra España y todos aquellos que en Catalunya se sienten españoles o simplemente hablan en castellano. Para ellos se ha acuñado el calificativo insultante de “ñordo” o se les tacha de colonos. Por solo poner un ejemplo, en el pregón en las fiestas de la Mercè de Barcelona, el payaso Tortell Poltrona tachó de “inadaptados” a los catalanes de lengua castellana sin que desde las filas del independentismo nadie se haya atrevido a contradecirlo. Es más, la alcaldesa Ada Colau lo disculpó como si fuera una muestra de libertad de expresión, lo que supone una enésima demostración de la sumisión de la izquierda catalana a los dogmas del nacionalismo lingüístico, incluso cuando éstos se adentran en el terreno de la xenofobia. Cabe decir que esa sumisión también expresa una particular doble vara de medir, ya que unas manifestaciones en sentido contrario hubieran desencadenado la más enérgica protesta.

El aspecto más ominoso de esta oleada de intolerancia lingüística, sin duda favorecido por los discursos de dirigentes políticos independentistas, radica en la creciente práctica, llevada a cabo por militantes de base del movimiento, de señalar en las redes sociales a aquellos trabajadores que cara al público emplean la lengua castellana. Es el caso de la camarera del Parlament de Catalunya, de quien se exigió que fuera fulminantemente despedida. Aquí, la novedad no radica tanto en el contenido de estas afirmaciones, que tienen una larga historia en el nacionalismo catalán –como por ejemplo en los escritos del expresident Quim Torra– sino en el cambio de valoración de estas manifestaciones. Si anteriormente eran objeto de crítica y rechazo, ahora son consideradas normales y políticamente correctas.

Como demuestran numerosos estudios sociológicos, las clases medias catalonohablantes constituyen el grueso de la base social del independentismo. De este modo, a la xenofobia identitaria se une el odio de clase hacia los trabajadores de lengua castellana, calificados de colonos, por negarse a utilizar la lengua de sus amos y no sumarse al proyecto secesionista.

Ley de Lenguas

Desde el punto de vista pedagógico, la inmersión no ha conseguido su propósito inconfeso de extender la sustitución lingüística. Por el contrario, está provocando reacciones de rechazo entre muchos adolescentes y jóvenes castellanohablantes que, a pesar de poder expresarse en catalán, se niegan a hacerlo en una suerte de afirmación identitaria. Tanto es así que, desde ciertos sectores del nacionalismo lingüístico, se propugna la implementación de la llamada “policía de patio” para vigilar y castigar a los alumnos que fuera de las aulas hablen en castellano.

Desde el punto de vista político, el refuerzo al modelo de la inmersión que supone la aprobada enmienda en la Ley Celaá expresa la ausencia de sentido de Estado de las dos grandes formaciones en este delicado tema, así como su predisposición a realizar concesiones estratégicas a cambio de apoyos tácticos. También pone de manifiesto la sumisión de la izquierda catalana y española respecto a los dogmas del nacionalismo lingüístico donde se confunde la defensa de las lenguas de las nacionalidades con el modelo homogeneizador de los partidos nacionalistas. Así incurren en la flagrante contradicción de propugnar la pluralidad cultural y lingüística en el conjunto del Estado, al tiempo que la niegan en el interior de estas nacionalidades.

Asimismo, la polémica generada en torno a la citada enmienda ha mostrado la implacable pugna entre ERC y Junts per Catalunya por la hegemonía del movimiento independentista. Mientras ERC ha sido la promotora de esta enmienda y ha votado a favor, Junts se ha opuesto, votando en contra, al considerar que no blinda suficientemente el modelo. Pero lo cierto es que Junts no quiere conceder este triunfo a su principal oponente en el campo independentista, siendo que, además, demuestra la utilidad de la vía negociadora de ERC.

Mercè Vilarrubias ha planteado la conveniencia de elaborar una Ley de Lenguas a nivel estatal que contribuya a establecer unos principios justos y ecuánimes para regular la coexistencia entre las cuatro lenguas cooficiales de este país. A nuestro juicio, esta Ley de Lenguas debería compaginar una específica protección al catalán, euskera y gallego, de la cual no precisa el castellano, hablado por centenares de millones de personas, con los derechos a los hablantes de estos cuatro idiomas en todos los ámbitos sociales e institucionales. Una normativa que debería estar presidida por el respeto a la pluralidad cultural, tanto en el conjunto del Estado como en el interior de las nacionalidades.

Lamentablemente, hasta ahora, ha dominado una relación de hostilidad y competencia en los territorios donde se utilizan dos idiomas, según la lógica de que uno debe desplazar al otro. En Catalunya esto ha derivado desde los medios nacionalistas/independentistas en una impugnación del bilingüismo como una alternativa nociva para la supervivencia de la lengua catalana.

Hasta que no se promulgue una legislación que respete estos principios democráticos, la cuestión lingüística continuará generando polémicas y polarizando a la población para beneficio de los nacionalismos español, catalán, gallego y vasco. Un terreno donde la izquierda siempre llevará las de perder.


 

La izquierda confundida y la inmersión lingüística

por Hèctor Xaubet

En el número anterior de esta revista apareció un artículo de Antonio Santamaría cuyo título, “la inmersión lingüística y la izquierda abducida”, ya auguraba controversia. Consideramos que discutir planteamientos, por medio del intercambio honesto de ideas, enriquece nuestras posiciones sobre la lengua y el nacionalismo. Reproducimos aquí la réplica.

La contribución a la cuestión lingüística, realizada por Antonio Santamaría en el número anterior de El Viejo Topo, yerra en sus supuestos: aunque escrito –seguramente– con muy buena intención, su artículo se encuentra rebosante de tópicos, y muy probablemente eso contribuye a que no se sostenga su tesis: que la inmersión lingüística es una pretensión homogeneizadora del nacionalismo y que es un ataque al castellano. En esta réplica pretendemos resaltar las fallas de fondo que consideramos más importantes, así como recontextualizar algunas de las ideas. Todo ello sin pretensión, no obstante, de ser exhaustivos, pues hay muchas cosas que quedarán fuera del escrito.

Situación: la trampa procesista y la tradición de izquierdas

Empieza Santamaría su artículo haciendo una breve explicación política de la situación actual, con algunas referencias al pasado. Observamos algo curioso: para tratar el tema de la lengua, el autor está tratando, en realidad, de los partidos nacionalistas/independentistas.

Con rigor analítico vemos que se trata de una identificación (lengua y partidos nacionalistas y/o independentistas) equívoca, pues cae en el error, que de manera lamentable veo muy frecuentemente en muchos compañeros de izquierdas, de hacer el paralelismo –mejor dicho, aceptar la conclusión– de “lengua igual a independencia”. Evidentemente no es así, y si lo pensamos caemos en la trampa que el procesismo tenía preparada. De manera que, cuando criticamos honestamente los despropósitos de los fanáticos indepes que gobiernan Cataluña desde hace unos años, se traslada esa crítica también a la lengua catalana, lo que es una injusticia y un flaco favor para con la lengua minorizada. La dicotomía política queda así consolidada –quizás a pesar nuestro– en la lengua. Esto facilita que aquellos que no solo están en contra de la independencia, sino directamente también en contra del catalán, tengan las puertas abiertas para colarnos su discurso de segregación lingüística (y, con ello, también social conforme a su proyecto nacionalista).

Santamaría seguramente cae en ese error porque se olvida de algo: quizás sus ansias antinacionalistas le impiden ver que esa identidad falaz (lengua e independencia) no concuerda con la historia de la inmersión lingüística, la cual nos muestra el activo papel que la izquierda catalana –con el PSUC en la cabeza, partido de matriz comunista y en ningún caso nacionalista– jugó en favor de la inmersión lingüística y, por extensión, de la normalización del catalán. En efecto, hay algo cierto que debemos recordar y recuperar: la izquierda catalana es –y ha sido siempre– catalanista, y eso significa construir un proyecto de país abierto e inclusivo que tiene en la lengua catalana un pilar fundamental en tanto que seña de identidad y forma de articular la vida colectiva (como un bien público, podríamos decir). Decir que la izquierda está abducida por querer promover el catalán y normalizarlo, poniendo esto al mismo nivel que un malvado nacionalismo y olvidando nuestras raíces catalanistas, no es de recibo.

La izquierda confundida

No debe negarse, por otro lado, que la inmersión y la situación de la lengua en general ha ganado en interés (e interés interesado, si se me permite el juego de palabras) en el contexto de eso que llamamos “el procés”. Ya hemos visto este sesgo bastante frecuente de ir tachando de nacionalista todo lo que no nos gusta, quizás sin darnos cuenta de que nosotros también pecamos de eso. Quizás abducido por este mismo contexto del procés, Santamaría amplía este sesgo a través del término “nacionalismo lingüístico”, quizás entendido de forma ideologizada. Si bien es cierto que podríamos utilizar de forma no rigurosa la expresión “nacionalismo lingüístico” para definir un nacionalismo identitario catalán xenófobo, lo cierto es que debe entenderse de forma no distorsionada.

En efecto, el nacionalismo lingüístico es un fenómeno consistente en la naturalización de una relación de superioridad –que se da por supuesta– de una lengua sobre otra o, mejor dicho, sobre otra comunidad lingüística, por medio de la expansión de la lengua sobre el territorio de donde no es originaria. Como consecuencia de ese proceso, se minoriza la comunidad lingüística afectada por la lengua con vocación de superioridad, se minoriza en su área de expansión propia, y esto se justifica políticamente (de manera consciente o no) y se interioriza en las actitudes lingüísticas de forma que el uso normal de la lengua minorizada queda condicionado a la lengua inherentemente naturalizada como punto de referenciai. A veces criticamos, como hace Santamaría y yo mismo también, esta idea de identificar mayor pureza nacional catalana con la lengua, pero no debemos confundir las cosas ni olvidar algo obvio en la historia que nos permite entender realmente el nacionalismo lingüístico: cualquier proceso histórico de construcción burguesa de un estado-nación ha sido un proceso de imposición de un patrón centralista como modelo de la nación toda, lo que incluye notablemente la lengua. Evidentemente, esto ha pasado también en España y con el castellano respecto del catalán –y las otras lenguas peninsulares–, y no en relación inversa. Incluso esta lógica sigue operando.

Nuestro autor llega a afirmar rotundamente lo mismo que la derecha reaccionaria afirma respecto del catalán en la escuela, o sea, que es un instrumento de adoctrinamiento nacionalista y que el “conjunto del entorno escolar […] tiende a romper con los vínculos históricos y afectivos con el resto de España.” Una hipérbole totalmente fuera de lugar que no solo transmite una idea falsa de la realidad de los estudiantes y sus familias, sino que es la causante de generar la tensión recurrente en la valoración del sistema educativo. Además, también hay que observar que esta afirmación solo se puede hacer si se antepone España como la entidad histórica y afectiva que vincula a los alumnos que ya han nacido específicamente en Cataluña, tengan vínculos familiares con otras partes de España o noii. Nos topamos aquí, pues, con un concepto implícito de nación, lo cual lógicamente es legítimo, pero que no nos vendan gato por liebre diciendo que hay un proyecto –solamente– de nacionalización catalán y no reconociendo la particularidad social y cultural de Cataluña. No obstante, y siguiendo la tradición catalanista que hemos mencionado más arriba, los vínculos históricos y afectivos de Cataluña con España no son necesariamente excluyentes; más aún, se pueden reforzar con un encaje plurinacional en forma federal.

Demagogia lingüística y realidad sociolingüística

En ese afán se señalar una intencionalidad política, Santamaría hace un mal uso de otro término: “sustitución lingüística”. Sustitución lingüística no se refiere a un proyecto político explícito y orientado, sino a un fenómeno sociolingüístico (con las influencias políticas que vengan al caso, claro) que se da cuando –en un contexto de contacto lingüístico, es decir, cuando dos lenguas conviven o se encuentran (una de las cuales es la lengua fuerte, la que ejerce más influencia, y la otra la lengua débil)– la lengua fuerte ocupa los distintos espacios y usos de comunicación normal en detrimento de la débil, cuyos hablantes, con el paso del tiempo, dejan de hablarla por no ser “útil”. Me parece evidente, y es consenso sociolingüístico, que la lengua débil en Cataluña es el catalán (además de ser la lengua propia), con lo cual –al contrario de lo que nuestro autor nos quiere hacer ver ideológicamente– el proceso de sustitución lingüística significa la suplantación del catalán por el castellanoiii. Tenemos otros ejemplos en el Reino de España –no solo con el catalán sino con las otras lenguas– de lo que puede pasar si erramos al valorar la relación de las dos lenguas en el contexto bilingüe y si nos equivocamos al indicar la dirección de la sustitución lingüísticaiv.

Si el autor los confunde es porque realiza saltos entre la inmersión lingüística, la pedagogía y los resultados académicos. Partamos de lo que conocemos: si las pruebas que tenemos para valorar el conocimiento del idioma, que es lo que Santamaría está resaltando, dicen que el conocimiento del castellano en Cataluña es equivalente al del resto de España, entonces esto indica que, efectivamente, el hecho de que se enseñe castellano solo dos horas a la semana no tiene un efecto negativov. Aquí no hay nada de capcioso. Cuando las pruebas de que se disponen afirman esto, decir lo opuesto indica que se quiere forzar la opinión prejudicial propia antes que, por el contrario, asumir la realidad. Y la explicación de que el conocimiento del castellano en Cataluña sea equivalente al del resto de España es muy sencilla: la lengua que mayoritariamente se habla en casa en las zonas más pobladas de Cataluña –la lengua de uso común entre los estudiantes e incluso, muchas veces, entre profesores y alumnos– es la lengua castellana. Y, precisamente porque esto es así, ni su conocimiento ni su uso quedan reducidos. Y, precisamente porque esto es así, es necesario el refuerzo del catalánvi.

De nuevo, nos remitimos a la lógica sociolingüística: mientras que la comunidad catalanohablante es y sería bilingüe, la castellanohablante no, pues quedaría encerrada en su mundo monolingüe justificado por un discurso que, paradójicamente, pretende loar la riqueza lingüística haciendo hincapié en el bilingüismo. Se privaría a los niños del derecho a saber catalán y se les reducirían sus opciones de interacción social, así como sus expectativas laborales. Es obvio que esos niños –en mayor medida si vienen de la periferia, de barrios obreros castellanohablantes y de origen inmigrado–, o aprenden catalán en la escuela, o no lo aprenden nunca. Y esto es un problema, no solo para ellos particularmente, sino para la sociedad en su conjunto. En efecto, la segregación no se genera por la inmersión lingüística, sino por la conformación de dos comunidades lingüísticas separadas. Y la realidad es que, primero, el castellano no está expulsado de las aulas, pues muchos de los estudiantes lo hablan entre sí; y, segundo, la segregación se da por la existencia de bolsas monolingües castellanohablantes, sobre todo en la zona de Barcelona. Dicho de otra forma, el desconocimiento del catalán (a veces incluso su desprecio) influye negativamente en la cohesión social. Decir que eliminar la inmersión en catalán evitaría esta segregación, cuando el carácter de la segregación no es por la “presión” del catalán, sino por su desconocimiento, me parece un juicio totalmente faltado del sentido de la realidad. Más aún, en sus años de historia, la inmersión justamente ha tenido el efecto contrario, ha evitado la diferenciación de la población y consiguió la desaparición del adjetivo “charnego”vii.

Así, debemos tener en cuenta que, cuando se dice que la inmersión lingüística es un modelo de éxito, no nos referimos a las notas académicas, sino al modelo de integración. Y basta ver la historia: efectivamente las tasas de fracaso escolar son muy elevadas (lo son en toda España y por motivos del sistema escolar y la desigualdad social general), pero la inmersión lingüística lleva 30 años aplicándose y no ha habido ningún problema ni fractura social. El derecho a tener la misma educación –y, en tanto que pública, la mejor posible– es también interés social; no es un derecho de los padres, lo cual sería un argumento típicamente liberal.

El enmarañamiento es tal que Santamaría cae en –quizás pequeñas, pero para nada banales– falsas afirmaciones, como repetir la mentira que los reaccionarios españolistas se sacaron de la manga diciendo que en las escuelas se vigila a los niños para castigarles si hablan castellano en el patio. Eso se parece más a un titular suculento de determinados programas de “investigación” que, por el contrario, a la realidad. Asimismo, también observamos la tendencia a tomarse como una ofensa o un ataque a los castellanohablantes algo que se refiere más al catalán que no a los castellanohablantes per se. Con el mismo ejemplo de Tortell Poltrona lo vemos: Poltrona no criticó a los que hablan castellano, sino a los que muestran una actitud negativa para con la lengua catalana y no expresan ningún tipo de interés para adaptarse en una sociedad que tiene dos lenguas de uso habitual; dicho de otra forma, a los que viven y quieren vivir en una burbuja. No es, por tanto, lo mismo decir que alguien es un “ñordo”viii por hablar castellano, que criticar, en tanto que conciudadano, a los que no quieren esforzarse ni tan siquiera para entender el catalánix. No confundamos las cosas.

Identitarismo y esencialismo

La conclusión que se deriva de todo esto parece lógica a los ojos de Santamaría: advertir a la izquierda que seguir con lo que hemos identificado como la tradición catalanista progresista de defender el catalán la está alejando de su base social. En su artículo afirma que “causa profundo estupor que desde la izquierda catalana y española se repitan estos mismos argumentos” en defensa de la inmersión lingüística; y acusa a la izquierda de bailar al son de la música “nacionalista” (se entiende, nacionalista catalana), hasta el punto de sentenciar que esto, de hecho, ayuda a la derecha españolista. Pero ¿cómo va a ser posible que la izquierda haga el “inmenso favor a la derecha españolista de dejarle el campo libre” defendiendo la inmersión lingüística, cuando esto en realidad contradice su discurso nacionalista centralista? ¿Cómo va a ser esto posible si es de hecho el mismo Santamaría quién se está alineando con las tesis de la derecha españolista? Más bien es esta estrechez de miras lo que hace un inmenso favor a la derecha españolista que lleva años teniendo un proyecto político anticatalanista bajo el brazo, lo que hace que uno se alinee con sus argumentos y compre los improperios que C’s ventiló desde que entró en el Parlament de Catalunya.

Entonces, no es la inmersión lo que distancia los partidos de izquierda de sus bases sociales y facilita el crecimiento de C’s (porque si fuera así también habría pasado hace 30 años), sino la utilización partidista de la lengua en el clima de tensión nacionalista propio del procésx, así como la apelación a identidades. En este marco hay algo que nos llama mucho la atención, y es la relación que nuestro autor establece entre clase, lengua y votantes. Nos parece de hecho más esencialista decir que uno tiene que hablar en castellano, defender el castellano y ponerlo de forma vehicular en las escuelas porque sus votantes hablan castellano como lengua materna, que no lo contrario. También se trata aquí de un cierto identitarismo, y peor que el otro, pues éste proviene de adscripción y no de adquisición. En efecto, aquí es donde radica la bondad de la defensa y propagación del catalán. ¿O es que no se puede hacer política para con los hablantes de lengua castellana en catalán? ¿O es que los hablantes maternos de lengua castellana no tienen el derecho a conocer la lengua de su país? ¿O es que los hablantes de lengua castellana no pueden apropiarse de otra lengua que les facilite la comunicación, les permita empaparse precisamente de la realidad de donde viven y les abra más oportunidades?

Aun así, Santamaría tiene razón en un punto, que evidentemente conviene matizar y contextualizar. En efecto, la izquierda catalana, dentro del amplio contexto del procés, se ha visto perdida y desorientada, aunque esto no significa que haya bailado –al menos no siempre– la música de los independentistas. En cualquier caso, la lógica procesista se ha impuesto. En otras palabras, la izquierda ha dejado vía libre no tanto a la derecha españolista como Santamaría sostiene, sino a la lógica procesista que confunde y amasa cosas distintas dentro del juego de ser catalán y de ser español.

Lógica identitaria y pluralidad lingüística

Si solo leyéramos el desiderátum final de Santamaría, no tendríamos nada que objetar (aparte de que el término “cooficial” también induce a errorxi). Estamos de acuerdo en que hace falta gestionar la pluralidad lingüística del Estado y respetar las lenguas, pero no tanto por ser un atributo de las “nacionalidades”, que también, sino por ser un bien público y una expresión cultural propia de ese lugar y no otro, lo cual obliga a considerar España plurilingüe y, por extensión, plurinacional. Asimismo, estamos de acuerdo en que la cuestión lingüística genera polémica y polariza, aunque no por sí misma, sino en tanto que instrumento político mal usado (o demagógicamente usado) y que, de todo ello, es especialmente la derecha quien sale ganando.

En lo que no estamos de acuerdo es en los postulados sobre los cuales nuestro autor construye su crítica. Creo que deberíamos evitar las trampas que nos ponen en esta lógica nacionalista construida sobre el procesismo (trampas que la izquierda catalana no supo evitar cuando se trataba del “referéndum”, por ejemplo) y dejar de seguir utilizando el catalán para afirmar que hay una división social inexistente y culpar de su polititzación solo a un bando, por más culpable que pueda ser. Lo que debemos hacer es disputar el sentido del catalán a aquellos sectores que quieren apropiárselo como símbolo de pureza identitaria (que genera su reverso en el castellano), y hacerlo con el propósito de construir una comunidad política. El error está en reaccionar instintiva y negativamente ante la defensa del catalán, pues esto cae indefectiblemente en los mismos argumentos esencialistas de clase y lengua que nuestro enemigo político ha estipulado dentro de un determinado marco político; entonces le estaríamos dando el monopolio de la identidad y de la consideración de la lengua. La inmersión lingüística y la normalización del catalán son la forma de oponerse a la diferenciación de identidades y a la segregación de comunidades.

i. Para acompañar y ayudar a fundamentar lo que afirmo, me remito a Juan Carlos Moreno Cabrera, que tiene un libro titulado El nacionalismo lingüístico. Una ideología destructiva.

ii. La observación respecto de la procedencia de los estudiantes y/o sus padres no es banal, pues la realidad actual no es la misma que la de los años 80 o 90: hay muchos estudiantes que tienen vínculos afectivos con otras partes del mundo, con lo cual el argumento de Santamaría ya no se puede aplicar. Bien al contrario, esta nueva realidad social apoya el argumento del uso del catalán de forma vehicular para, por un lado, ofrecer a todos los alumnos una base común de inclusión social y, paralelamente, frenar la tendencia inherente de la lengua fuerte a restar espacios a la lengua débil y oscurecer el derecho de todos los alumnos a conocer el catalán. Con un simple examen de la realidad se puede entender esto: existen en las escuelas e institutos grupos de “bienvenida” (“Català per a nouvinguts”) para estudiantes inmigrados que enseñan intensamente el catalán, incluso se podría decir que alfabetizan. No existen en castellano porque no hacen falta en esta lengua, pues todos aprenden e interiorizan el castellano por la presión normal del entorno. Enseñar el catalán no es tanto para que lo aprendan bien, sino para que lo aprendan a secas, con el doble fin de evitar segregación (tanto de ellos, como –en general, en términos sociales– en dos grupos) y normalizarlo.

iii. En realidad, no es tanto Cataluña sino, desde el punto de vista sociolingüístico, los territorios de lengua catalana propia. Por consiguiente, no debemos confundir las fronteras administrativas con las lingüísticas (por ejemplo, el Valle de Arán no tiene el catalán como lengua propia). Precisamente otras zonas que no son Cataluña (notablemente las comarcas del País Valenciano) son ejemplo de los efectos de la sustitución lingüística, mucho más fuerte allí que en Cataluña, entre otras cosas por el consenso que ha regido aquí respecto de la lengua. Observamos, de nuevo, el importante papel que jugó la izquierda catalana –y catalanista– que, en vez de estar abducida, estaba más bien preocupada por la inclusión y la cohesión social de una sociedad diversa.

iv. No llego a las conclusiones extremas de otras personas que afirman que el catalán efectivamente podría acabar desapareciendo, lo cual da la impresión de ser un alarmismo que pretende movilizar por apelación identitaria. Lo más veraz en contextos así es, por un lado, la castellanización del catalán y, por otro, la reclusión del catalán a una comunidad lingüística cada vez más pequeña que seguiría teniéndolo como lengua materna, con lo cual ya no sería una lengua de conocimiento compartido y, menos todavía, de uso relativamente generalizado. El efecto social de eso es la aparición de dos comunidades lingüísticas separadas en la misma realidad social, con presión constante del castellano sobre el catalán.

v. Son dos horas de castellano en infantil y primaria.

vi. Sin embargo, Santamaría llega a afirmar que no es un problema no dominar el catalán. Lo siento, pero sí: tal vez no sea un problema no dominarlo, pero sí es un problema, como mínimo, no conocerlo.

vii. Quizás valga la pena citar esta reflexión, en tanto que ejemplo personal, del compañero: Guillén, Miguel. “La inmersión lingüística en Catalunya y los ataques de Vox, el PP y Ciudadanos”, en Público. 08/09/2019.

viii. Por cierto, debo decir desde mi experiencia que tal designación despectiva no la he escuchado nunca.

ix. ¿O es que no hemos escuchado nunca “por qué tengo que hablar catalán, si los catalanes ya hablan castellano”? Evidentemente esto no pasa en sentido inverso y es indicador de imperialismo lingüístico, porque se está juzgando la conveniencia de saber catalán según la conveniencia de saber castellano y, por tanto, aquél está subordinado a éste.

x. Sobre una valoración más amplia del “procés”, y del papel de los partidos independentistas y de C’s, remito al siguiente artículo: Xaubet, Hèctor. “Cinco tesis sobre el procés”, en Mientras Tanto. 07/12/2019.

xi. El prefijo “co-” implica reciprocidad e igualdad compartida de las lenguas en su estatuto de oficialidad, también así en el territorio de la comunidad lingüística donde no son lenguas propias. Esto significa que una cooficialidad real no es sino la instauración en todo el territorio español de la oficialidad de todas las lenguas españolas (adjetivo aquí entendido como procedentes o encontradas es España). No estamos seguros de que Santamaría abogue por este tipo de cooficialidad.

Llibertat individual, vaga i Amazon

Avui faig una crítica al concepte de la “llibertat” liberal en tant que mera llibertat d’elecció, i en veurem la seva inconsistència, a partir de la meva experiència com a treballador a Amazon.